La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, tenía por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estaba constituido por los principios básicos y los requisitos mínimos que permitían una protección adecuada de la información. En total, 75 medidas de seguridad, recopiladas en tres grandes áreas: marco organizativo, operaciones y medidas de protección.
Cinco años más tarde, en 2015, se publicó la modificación del Esquema a través del Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, como respuesta a la evolución del entorno regulatorio, en especial de la Unión Europea y a la experiencia de su implantación previa.
Hoy, en 2019, tras más de nueve años de recorrido, es momento de hacer balance de las mejoras que ha supuesto la implantación y adecuación del ENS a la seguridad del Sector Público; analizar el nivel de madurez alcanzado y, sobre todo, evaluar cuáles deben ser las siguientes medidas a adoptar para conseguir una implementación de seguridad real y no solo en la demostración del cumplimiento (seguridad legal).
Por este motivo, el Centro Criptológico Nacional, en colaboración con el Ministerio de Política Territoria y Función Pública (Secretaria General de Administración Digital) y Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, organiza el "I Encuentro del Esquema Nacional de Seguridad, ENS" que, en esta ocasión, lleva por título Tendencias y Políticas de Seguridad.
El evento, que tendrá lugar el próximo 18 de junio, en la sede del Museo de la Casa de la Moneda, en la FNMT de Madrid, pretende reunir a toda la Comunidad del CCN en torno al Esquema Nacional de Seguridad y de todas aquellas medidas necesarias para cumplir con el mandato global de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, recientemente aprobada: garantizar en España el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico.
